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La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.
Montesquieu

La Unión de Profesionales en Tecnologías de la Información para la Ciudadanía (UPTIC) es una asociación sindical creada para dar respuesta a los retos que diariamente se presentan a los profesionales de los medios de comunicación e información que trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia, que reciben retribución o que escriben y comunican por "amor al arte de informar" bajo su propio prisma.

La corrupción ligada al ejercicio de cargos públicos y a la financiación de los sindicatos supone el problema más grave de desconfianza entre los profesionales de la comunicación e información y los ciudadanos a los que sirven. Estudios demoscópicos públicos demuestran que la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos y que generan una desconfianza creciente entre la ciudadanía respecto de sus representantes.

Pese a que los casos que han aflorado a la luz pública afectan con diferentes grados de intensidad a los distintos sindicatos, lo cierto es que la sombra de la sospecha y la desconfianza se ha extendido sobre la clase trabajadora en general. Así lo confirman los últimos barómetros de opinión: los datos sitúan la insatisfacción con la política como el tercer problema de la sociedad, por detrás del paro y la precariedad laboral y la situación económica. Los partidos políticos y los sindicatos son las bisagras sobre los que gira la sociedad, es necesario desmontar las puertas y cambiar los "goznes".

 

Las datos son reveladores y la conclusión es que la ciudadanía desconfía de la política y los profesionales desconfían de los sindicatos, una percepción que, con toda seguridad, se ha agravado a la luz de los casos de corrupción en los que están implicados algunos organizaciones tradicionales que han azotado Andalucia, Cataluña y al conjunto de España. Han existido casos aislados y otros de gran repercusión sobre la opinión pública en la historia reciente de España.

Cada uno de los casos que han salido a la luz pública tiene sus propias características y en todos ellos se mezclan motivaciones diversas como la búsqueda del enriquecimiento personal o el establecimiento de fuentes de financiación ilegal de algunos sindicatos y partidos políticos. Cuando no es la corrupción bancaria, lo es la empresarial y, en todos los casos, la Fiscalía, la Hacienda del Estado y el Tribunal de Cuentas tienen la información suficiente y necesaria para encausar a muchos directivos de empresas privadas y públicas. El baile acaba de empezar y la lenta justicia hará tarde o pronto su trabajo.

El denominador común es el de personas que utilizan las prerrogativas que les otorga el ejercicio de representar publicamente a los ciudadanos y a los trabajadores para obtener ingresos de forma ilegal. Normalmente estas actuaciones han estado vinculadas a la concesión irregular de contratos con la administración, procesos de externalización de servicios, contratos relacionados con las obras públicas, cursos de formación para desempleadoso, concesiones administrativas, expedientes de regulación de empleo (EREs) y otros sistemas de financiación de las políticas de la construcción y el empleo.

Pese a que la responsabilidad de estos casos de corrupción se circunscribe a determinados partidos y sindicatos, debe atajarse de modo contundente la sospecha que rápidamente recae sobre toda la clase política y sindical. Así pues, resulta necesario un compromiso firme e inequívoco de todos los partidos y sindicatos en la resolución de tan grave problema.

El objetivo de nuestra propuesta de pacto es restaurar la confianza de los ciudadanos en la clase política y de los profesionales en los representantes de los trabajadores. Para ello es imprescindible que cargos públicos, instituciones, partidos políticos y sindicatos trabajen de la mano y se comprometan firmemente en la lucha contra la corrupción.

Este compromiso solo tiene sentido si nace de una clara voluntad -por parte de todos los partidos politicos y sindicatos- de renunciar tanto a cualquier vía de financiación que no sea la establecida en la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos (LO. 8/2007 de 4 de Julio) y la que se pudiera establecer mediante el desarrollo de una Ley de Financiación Sindical, ley que está ausente en nuestro ordenamiento jurídico y que evitaría en gran medida la situación absurda que se da para que los sindicatos administren de manera discrecional los recursos de sus afiliados. Así de esta manera también debe existir el compromiso firme de expulsar inmediatamente de la vida política o sindical a cualquier persona que se vea salpicada por la sospecha fundada de haber incurrido en una conducta ilícita o irregular.

UPTIC nace con la vocación de servicio públco y defensa de la libertad de información que tiene su origen en los profesionales y en aquellos ciudadanos que buscan comunicar de forma libre sus ideas e informaciones por lo que defiende:

1. El control interno de las cuentas que financian los sindicatos haciendo pública su contabilidad.
2. Transparencia de la financiación. A tal efecto UPTIC publicará los extractos en los cuales pueda visualizarse el estado contable, los ingresos y gastos.
3. Separación del afiliado que sea imputado por la Asamblea General de UPTIC por haber tenido un comportamiento ilícito o poco ético, mediante votación de todos los afiliados presentes en la asamblea que se convoque al efecto, tal y como se manifiesta en los estatutos.
4. Limitación de los gastos de gestión sindical a los estrictamente necesarios, evitando, por ejemplo, los desplazamientos y dietas que puedan ser considerados superfluos y sustituyendo las reuniones por sistemas de comunicación modernos y tecnológicamente posibles.
5. Eliminación de las donaciones económicas y de los regalos, sean de la naturaleza que sean.

UPTIC desarrollará una guía para un comportamiento ético y eficaz que detallará que conductas quedan excluídas en su quehacer de representación.